Políticas públicas para el financiamiento del desarrollo rural en la República de El Salvador

Resumo

En El Salvador, al sector agrícola no se le ha otorgado mucha atención por parte del Estado; el último impulso que se le dio fue en la década de los años treinta para iniciar con el cultivo del café. A partir de los años sesenta el sector sufrió de marginación por parte del Estado con relación a políticas públicas y su desarrollo para el bienestar del país y del productor. Ese olvido puede explicarse debido a la inestabilidad social, política y económica que vivió el país y al consecuente estallido de la guerra civil que mantuvo a El Salvador en un retraso en su desarrollo en todos los ámbitos. Durante los años ochenta el país sufrió lo más cruel de la guerra, lo que impidió establecer políticas claras que avivaran el resurgimiento del sector agrícola, el cual fue uno de los más golpeados por el enfrentamiento bélico. A ello se sumó la mágica fórmula de los organismos internacionales de los Programas de Ajustes Estructurales y la posterior aplicación del Consenso de Washington, que terminó de hundir al sector primario en una crisis de la cual aún no se logra reponer. Al finalizar la firma de los Acuerdos de Paz en 1992, y considerando la importancia de la actividad agrícola, la ayuda extranjera brindó la oportunidad de iniciar el resurgimiento de la agricultura del país, con la aplicación de programas de transferencia de conocimiento y tecnología y con la implementación de acuerdos económicos que lograron iniciar con el desarrollo del área rural del país. Sin embargo, la recuperación es lenta y el desarrollo pleno aún no llega al sector. En la actualidad, el Estado trata, mediante instituciones públicas, privadas y de organismos internacionales, brindar políticas públicas de financiamiento que permitan el desarrollo rural. No obstante, el crecimiento y el desarrollo han sido muy lentos debido a la falta de protagonismo de las instituciones involucradas y a las limitaciones propias del sector, que cuenta con poca infraestructura primaria, baja incorporación tecnológica, poco acceso a tierra y a su propiedad, insumos agrícolas a costos elevados, baja asistencia técnica por parte del Estado y una alta vulnerabilidad a fenómenos naturales y al cambio climático.